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Por Abril Rojas
CIUDAD DE MÉXICO. — A más de una semana de los brutales ataques perpetrados el 12, 14 y 15 de septiembre en las inmediaciones de la Alameda Central, la respuesta gubernamental continúa configurando una simulación. Siete compañeras persisten con graves secuelas físicas, específicamente policontusiones derivadas de una agresión directa. Los hechos no se reducen a un simple altercado en el espacio público; se documenta un operativo de corte fascista, calificado como un «nuevo halconazo», donde sale a la luz la complicidad entre liderazgos de comerciantes vinculados a cobros de derecho de piso y mandos locales sin uniforme que golpearon impunemente a activistas y a una foto documentalista.
Para atender la situación, el día de lunes 21 de septiembre, se llevó a cabo una mesa de diálogo en el Salón Morelos del Edificio de Gobierno. La reunión fue encabezada por Sonia Ivonne Tamayo Gutiérrez, subdirectora de Diálogo y Conciliación en la Vía Pública (SECGOB); Selene Berenice Moreno García, coordinadora jurídica y normativa de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la SECGOB; Aarón Garduño, representante de la Instancia Ejecutora de Derechos Humanos; y Orlando Reyes Gómez, director ejecutivo de Concertación Política.
Pese a la firma de una minuta y la formalización de acuerdos institucionales (que abarcan desde el seguimiento al pliego petitorio hasta la canalización institucional a la Secretaría de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos), la realidad en las calles desmiente la voluntad política. Las activistas han exigido con firmeza que el secretario de Gobierno, César Cravioto, provea garantías individuales reales y mecanismos efectivos de protección para salvaguardar vidas en riesgo latente ante la amenaza constante de las redes de extorsión, toda vez que a más de una semana continúan sin poder protestar de manera pacífica como mercaditas.
Ante la violencia institucional y el acoso de mafias locales, las colectivas presentes dieron un paso histórico al formalizar su articulación bajo el Frente Común de Mercaditas. Esta red solidaria se compone de colectivas de resistencia como Brujas, Micelias, Terkas Resistencia, Itzia Iztli, Ollineli, Mujeres Autónomas, Azul Mineral, la Merkada Anarkofeminista, Aquelarre Feminista, Hijas de Sor Juana, Pochtekas, Tornasol, Mujeres Creadoras, Machihuame y Afrodita aborta segura.
Las mercaditas surgieron en 2020, en plena contingencia sanitaria global, como una respuesta colectiva y urgente frente a la precarización laboral y el abandono gubernamental. No obstante, reducirlas al concepto tradicional de «comercio informal» responde a una trampa jurídica y discursiva de la autoridad para criminalizarlas, debido a que representan un ejercicio de conciencia de clase, defensa del derecho al tejido comunitario, autogestión y resistencia psicosocial desde abajo.
En el centro de la problemática persiste un conflicto de intereses evidente entre líderes de comerciantes plenamente identificadas y operadores gubernamentales que toleran e impulsan el cobro de «derecho de piso».
La estrategia de la mafia y de los intereses coludidos escaló hasta la colocación de estampas intimidatorias en el suelo de la Alameda, específicamente en las zonas donde las mercaditas realizan sus actividades, con el fin de inventar reglas que justifiquen el despojo. La autoridad no solo tolera que terceros perpetren actos ilícitos como las agresiones físicas contra las manifestantes, sino que normaliza un fascismo territorial enfocado en arrebatar el espacio, despojar a la «mercada» y borrar la protesta legítima de los mapas sociales para institucionalizar y mercantilizar cada rincón de la ciudad. Una muestra de esta colusión ocurrió el pasado lunes durante la segunda mesa de diálogo sostenida por las activistas, cuando comerciantes agresores se presentaron a las afueras de las oficinas de la Subsecretaría de Reordenamiento para amenazarlas y amedrentarlas sin que mediara protección de la autoridad.
El pliego petitorio entregado (que incluye demandas históricas formuladas desde hace seis años en materia de salud, vivienda, protección a la infancia y seguridad económica, contemplando el acceso al Seguro de Desempleo y la destitución de servidoras públicas señaladas por omisión y hostigamiento, tales como Olga y Patricia Martínez, quien se presentó como coordinadora de la Alameda Central) continúa sin una respuesta efectiva. Frente a la colusión institucional, las mercaditas de la Alameda reafirman que la única garantía de justicia reside en la organización colectiva y su inquebrantable derecho a la protesta.
