El cuerpo de Royer ya descansa en Chiapas. Las preguntas, aún en Florida. Su muerte, que ICE llama «suicidio», su comunidad la llora como injusticia.

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Texto por Elizabeth Diaz / Fotografías por corresponsal en territorio, Gabriela Sanabria

San Juan Chamula, Chiapas. — Royer emprendió la ruta del norte a los 15 años, regresó a los 18, pero esta vez dentro de una caja de madera, en la parte trasera de una camioneta que avanzó con lentitud por los caminos de terracería hasta Noctic, un pequeño barrio de Rancho Narváez. Allí lo esperaban sus padres, Manuel y Pascuala, sus cuatro hermanos menores, y un pueblo entero.

Royer Pérez Jiménez murió el 16 de marzo pasado mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, Florida, sin entender el porqué, ya que en el momento de su arresto no pudo comunicarse porque no hablaba el idioma. La funeraria que entregó su cuerpo a la familia incluyó un papel con una sola palabra para explicar lo ocurrido: «colgado».

Ningún otro dato. Ninguna investigación previa. Ninguna versión que ayude a entender cómo un joven de 18 años, que según su padre «siempre fue alegre y trabajador», pudo terminar así.

La última llamada

Días antes de su muerte, el 13 de marzo, Royer habló por teléfono con su papá. Era una de esas llamadas que se habían vuelto rutina desde que migró: breves, cargadas de afecto, con la distancia atravesada de por medio.

En esa conversación, el joven le dijo que había ido a una audiencia legal, que no había entendido bien lo que pasaba, pero que algo quedó claro: se había quedado sin abogado.

—Voy a firmar unos papeles y me regreso —le dijo.

No alcanzó a hacerlo.

Ocho días después, la noticia del fallecimiento cayó como un golpe seco en su casa.

Un velorio entre la tradición y el vacío

El cuerpo de Royer fue velado durante la noche del jueves 04 de abril. Lo colocaron frente a una cruz de madera pintada de verde, un símbolo ceremonial de los tsotsiles de la región. Alrededor, ramas de pino. Los hombres de la comunidad se turnaron para velar el féretro, mientras las mujeres preparaban alimentos para los asistentes. Hubo posh —el aguardiente ceremonial—, rezos en voz baja y el murmullo constante de quienes llegaban a dar el pésame.

Su padre, Manuel Pérez Ruiz, aún no entiende qué falló. Él sabe que su hijo trabajaba en un restaurante, que fue detenido un día de enero al salir de su turno, que su arresto salió incluso en noticieros de Estados Unidos. También sabe que lo acusaron de dar otro nombre durante la detención: suplantación de identidad y resistencia a la autoridad, según consta en los registros.

Pero de ahí a la muerte en una celda hay un abismo que ninguna palabra oficial ha logrado llenar.

No es un caso aislado

La historia de Royer duele con más fuerza porque no es única. Entre 2025 y lo que va de 2026, al menos 46 personas han muerto bajo custodia del ICE en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio de la Fundación KFF respaldado por datos oficiales.

De esas 46 vidas truncadas, 14 eran mexicanas. Tres de cada diez. Les siguen personas de China (3), Honduras (3), Cuba (2), Nicaragua (2), Haití (2) y Vietnam (2). Colombia, El Salvador y Guatemala reportaron un caso cada uno.

Las causas señaladas por los registros oficiales son dos: enfermedades crónicas que nunca recibieron atención médica adecuada, y suicidios. Detrás de ambas, un patrón común: la negligencia sistemática dentro de los centros de detención.

Organizaciones de derechos humanos llevan años advirtiéndolo: cuando se prioriza la deportación sobre el bienestar de las personas, cuando se encierra a alguien sin acceso a salud física ni mental, cuando se le quita todo vínculo y se le abandona en un sistema que no habla su idioma ni entiende su historia, las muertes no son accidentes. Son fracasos del Estado.

El peso de las remesas y el silencio

En los Altos de Chiapas, la migración no es una elección, sino una necesidad impuesta por el abuso del Estado Mexicano. Solo durante 2025, los 17 municipios de esta región recibieron 216.8 millones de dólares en remesas, según datos del Banco de México. Chamula es uno de los principales «expulsores» de jóvenes hacia Estados Unidos.

Royer fue parte de esa estadística en vida. Enviaba dinero para ayudar a construir la casa familiar. La misma casa que hoy, está llena de velas, flores y el olor a copal que acompaña los rituales de despedida en Chamula..

La rabia que se vuelve ritual

Mientras en San Juan Chamula las familias despiden a sus muertos en silencio, en otras latitudes de Chiapas el dolor ha encontrado otras formas de expresarse. El sábado de gloria en México se celebra con una tradicional quema de Judas, que se componen de diablos con algún tipo de tema social, este año Donal Tump y el ICE han sido los favoritos para quemar y protestar por toda la violencia que ha ejercido su mandato. En distintos lugares del territorio se gritaron consignas como «Donald Trump es fascista» y «Trump es Judas», comparando al presidente estadounidense con el personaje bíblico de la traición.

No es un acto aislado. La quema de judas —tradición de Semana Santa en México— se ha convertido en una de las múltiples formas de libertad de expresión y protesta popular ante la violación sistemática de derechos humanos cometida por el ICE y bajo las políticas migratorias de Trump. Arder en efigie a quien deporta, encarcela y deja morir es, para muchos, la única justicia simbólica que les queda cuando la justicia real no llega.

Una comunidad que entierra a un hijo, otra que quema un muñeco. Ambas sufren los estragos de la violencia fascista.

Un derecho vulnerado

El derecho internacional es claro: cualquier persona privada de su libertad, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a condiciones dignas de detención, atención médica oportuna y protección de su salud mental.

Cuando el Estado falla en garantizar eso, no está solo ante una mala práctica. Está ante una violación de derechos humanos.

Mientras las autoridades mexicanas —a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores— exigen una investigación «inmediata y exhaustiva», y mientras el ICE sigue operando sin rendir cuentas claras, la comunidad de San Juan Chamula llora a uno de los suyos.

Y Florida, tan lejana, guarda las respuestas que aún no llegan.

Notas: Este reporte se basa en datos de la Fundación KFF y registros oficiales del ICE. Las fuentes consultadas incluyen reportajes de Excélsior, Proceso, El Heraldo de México y Milenio.