0
0
Por Alejandro Mendoza / Información y fotografías, cortesía de Jafet Tirado
Desde hace casi cinco años, Jorge Raúl Tirado Ambriz, un comerciante mexiquense de 47 años, está preso injustamente en el penal de Neza-Bordo. Fue acusado de participar en un secuestro ocurrido en 2016 en Ciudad Nezahualcóyotl, en un proceso plagado de irregularidades y pruebas fabricadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Su caso es ejemplo del abuso de poder y la impunidad con que operan las instituciones encargadas de procurar justicia en México.
El 12 de enero de 2021, Jorge salió de su casa para entregar unos termómetros digitales que había ofrecido por Internet. En la colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, fue interceptado por agentes ministeriales armados que lo subieron por la fuerza a una camioneta sin mostrarle una orden judicial. Durante el trayecto, uno de ellos le dijo: “Te estuvimos vigilando cuatro años, nunca te encontramos nada, pero te tocó la de malas”. A partir de ese momento comenzó una cadena de violaciones al debido proceso.
Las autoridades lo acusaron de ser “negociador” del secuestro porque su número telefónico aparecía en el registro de llamadas de un policía municipal que patrullaba el mercado donde Jorge trabajaba. Intervinieron su teléfono durante cuatro años sin hallar una sola llamada relacionada con la víctima. Aun así, presentaron como pruebas conversaciones con su madre, una empresa de cobro y una llamada de auxilio por un accidente familiar. También usaron un análisis de voz elaborado por una agente sin formación pericial, comparando su voz con un registro de 1994, cuando Jorge tenía solo 16 años.
Pese a que la víctima y su familia negaron conocerlo, la jueza de distrito lo vinculó a proceso. Desde entonces, la FEMDO ha obstaculizado su defensa y fabricado dos acusaciones adicionales copiando las mismas pruebas. Su familia enfrenta el desgaste económico y emocional de una lucha desigual contra un sistema que fabrica culpables para simular resultados.
La libertad de Jorge Raúl Tirado Ambriz es un asunto de justicia y de dignidad. El Estado mexicano debe reconocer el daño causado, reparar la violación de sus derechos y poner fin a una detención que nunca debió ocurrir. Mantenerlo preso es prolongar una injusticia que hiere no sólo a su familia, sino a la conciencia del país.
