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Cobertura por Diana H. Gómez & Elizabeth Díaz
Boca del Río, Veracruz.- Entre el 1 y el 3 de septiembre se llevó a cabo el Festival Énná + Cumbia, una jornada cultural donde las Mazatecas por la Libertad reiteraron sus exigencias de cese a la persecución política contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. Específicamente, piden la concesión de amparos frente a las más de 200 órdenes de aprehensión reactivadas este 2025 en contra de 56 personas defensoras del territorio. Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito del estado de Veracruz, Mario de la Medina Soto, advirtió que los cambios en el Poder Judicial tras las elecciones del pasado 1 de junio han provocado que, por el momento, no se hayan asignado a todos los jueces para llevar algunos de los asuntos relacionados con el caso.
Las declaraciones del funcionario tuvieron lugar este martes 2 de septiembre en el plantón instalado por las Mazatecas frente al edificio del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Boca Del Río, Veracruz. Bajo las carpas que cubrieron parte de la avenida Costa de Oro durante la jornada de protesta, de la Medina Soto afirmó que el juzgado a su cargo ya está recibiendo y concentrando algunos de los asuntos para comenzar a asignar fechas y avanzar en su atención “lo antes posible”.
No obstante, aclaró, “estamos esperando que prácticamente lleguen la mayoría de los titulares a este edificio [el Poder Judicial]”; dicha espera que puede extenderse hasta el día 15 del presente mes según los plazos establecidos en la reforma al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Para el caso de Eloxochitlán, es necesario que se nombre a los nuevos titulares de los juzgados Cuarto y Quinto de Veracruz, quienes —junto con Mario de la Medina— se harán cargo de conformar y analizar los expedientes correspondientes a los procesos penales 02/2015, 55/2014, 04/2015 y 16/2016.
¿Qué falta para la libertad de las y los mazatecos?
La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón han luchado durante poco más de una década por la liberación de las y los defensores de su territorio, aquel donde el río Xanga Ndá Ge ha sido explotado por un cacicazgo que se niega a detener la persecución política. La última estrategia de esta persecución fue la reactivación de más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 habitantes de Eloxochitlán, dada a conocer en el mes de junio de este 2025 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
Los delitos asentados en dichas órdenes son incendio de vehículos y casas, además de robos a tiendas y viviendas particulares. Estas acusaciones se hicieron en 2016, dos años después de la supuesta comisión de los delitos en diciembre de 2014. Pese a la prescripción de los hechos —y según lo declarado por la abogada mazateca Argelia Betanzos—, las órdenes fueron concedidas gracias a la complicidad del Poder Judicial oaxaqueño.
Es por eso que, desde agosto de 2022, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) aceptó un convenio por medio del cual el caso ha salido de lo local para ser atendido por instancias federales. De ahí que las y los mazatecos estén llevando sus exigencias hasta el PJF en Boca del Río. Aquí, sus peticiones resuenan fuerte y claro.
“A 10 años, ya no es ni siquiera para poner en duda si tenemos o no la razón”, afirmó la abogada Argelia Betanzos en respuesta a la promesa del juez Mario de la Medina, quien se comprometió a estudiar los asuntos y dar la razón a quien se queje con justicia.
Frente a esta promesa, Betanzos reiteró que el acompañamiento del IFDP habla por sí solo de las inconsistencias que ha habido en el caso contra Eloxochitlán. Según la defensora, el mismo Instituto ya ha reconocido que el delito de robo presente en las órdenes de aprehensión ya está prescrito; ahora es turno de las y los jueces en Veracruz de demostrar esta prescripción o determinar la no acreditación de las acusaciones.
Ante dicho panorama, las Mazatecas entregaron un pliego petitorio en el PJF de Boca del Río. En él piden que todos los juicios correspondientes a los procesos penales mencionados anteriormente se reúnan en un solo juzgado para que no se dicten sentencias en contrario. Al respecto, cabe mencionar que solamente falta conocer qué juzgado estaría a cargo del asunto 55/2014.
También se pide que se den a conocer fechas definitivas para la resolución de los juicios de amparo promovidos contra las órdenes de aprehensión antes de que termine el mes de septiembre. De lo contrario, la comunidad teme que esta situación de incertidumbre y acoso contra las personas afectadas se extienda hasta el año 2026.
Finalmente, se exige concretar una reunión urgente con el Fiscal General del Estado de Oaxaca y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del mismo estado. Esto, “para que se solucione la crisis de información relacionada con las causas penales y averiguaciones previas relacionadas con los amparos federales, dado que algunos casos sufren de obstaculización del Acceso a la justicia por el mal manejo de la información” según se lee en el pliego petitorio.
Además del llamado al Poder Judicial en Veracruz, Argelia Betanzos también interpela al recién nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Como persona perteneciente a un pueblo originario, Aguilar tiene la obligación de voltear la mirada a Eloxochitlán y atender un caso que ha dejado desplazamientos forzados y graves violaciones a derechos humanos a su paso.
A 12 años de persecución, defensores continúan persiguiendo la justicia
Las declaraciones de Argelia Betanzos y del juez Mario de la Medina Soto se dieron minutos antes del inicio del Festival Énná + Cumbia. En él participaron diversos colectivxs y personas de Xalapa, Tlaxcala, Ciudad de México y el Estado de México (entre otras latitudes), además de algunos de las y los perseguidos políticos de Eloxochitlán.
Entre ellos se encuentran Jorge Betanzos González y su hijo Adán Betanzos Ordaz, quienes platicaron con Sueña Dignidad durante el plantón en Boca del Río. Jorge, una persona mayor dedicada al comercio de verduras, tiene una orden de aprehensión activa desde 2014. Gracias a esto, la tranquilidad de salir a la calle a realizar sus actividades le ha abandonado desde hace tiempo.
Los retenes de policías determinan sus rutas y horarios para evitar ser detenido, y es su esposa quien debe salir a comprar verduras para sostener a su familia económicamente. Por cumplir esta responsabilidad, ella ha sufrido diversos accidentes que han desembocado en fracturas y golpes de los que cada vez es más difícil recuperarse.
Su hijo Adán, de 34 años, también ha sido afectado directamente por la persecución política. Él fue liberado de una orden de aprehensión entre 2016 y 2017, pero este 2025 se activó otra orden en su contra. Antes de que esto sucediera, Adán y su familia tuvieron que salir de Eloxochitlán para salvaguardar sus vidas.
“Imagínate tener que moverte con una bebé de la comunidad donde siempre has vivido y siempre has trabajado. Ya nos habíamos instalado en nuestro hogar, y tener que movernos de la nada fue muy complicado física, moral y emocionalmente”, declaró.
Él, su esposa y sus tres hijas de 10, 9 y 3 años de edad no llevan una vida normal. La tranquilidad también llega a cuentagotas a su hogar, y el temor de ser detenido o de que le puedan fabricar más delitos es una idea que ronda su cabeza a diario.
Otra de las personas afectadas es la maestra jubilada Eusebia Zepeda, una mujer de más de 70 años quien, como Adán, tuvo que salir de Eloxochitlán tras la fabricación de delitos en su contra. A ella se le ha acusado de intento de homicidio, incendio y robo, y también forma parte de la lista de las 56 personas señaladas en las órdenes de aprehensión liberadas este 2025. Desde 2014, a raíz de la persecución política, su salud se ha deteriorado. Sufre de vértigos constantes que la ponen en riesgo de sufrir accidentes, y su sentido del oído ha disminuido de manera notable.
Pese a ello, la maestra Eusebia —como la conocen en su comunidad y en los espacios de lucha— no deja de resistirse ante las injusticias y la impunidad. Ese fuego interno se dejó sentir en el Festival Énná + Cumbia: en sus gritos por la libertad; en la comida preparada por sus manos y las de sus compañeras mazatecas; en las antorchas que marcharon desde la orilla del mar hasta el Poder Judicial. “Tengo mucho coraje, pero también muchas más ganas de ver a mi pueblo libre”, aseveró con determinación.
El Festival reunió a músicos como Nawal del Arrabal, Hunaac-cel y las Musas Sonideras, quienes no sólo llevaron baile sino también letras cargadas de digna rabia ante las violencias que aquejan a Eloxochitlán y a todo el territorio mexicano. Asimismo, se realizaron talleres de barro y de elaboraciones de fanzines, y cerca del cierre de la jornada el 2 de septiembre, la Red de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz leyó un comunicado tras la detención de más de 100 mujeres normalistas en Teteles, Puebla.
La cercanía de ambos hechos (los ocurridos en Puebla y el plantón en Boca del Río) ya no pueden mirarse como coincidencias. El país está en llamas por la represión, la violencia del Estado criminal y la indiferencia de muchxs. Pero ese fuego no sólo devora: también motiva y construye.
Así, el festival fungió como un espacio de denuncia colectiva por Puebla, Eloxochitlán, el Estado de México y Palestina. La Red de Resistencias, el colectivo Haz Valer mi Libertad, la Coordinadora Internacional de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos base México y otras colectividades han alzado la voz, y el eco resuena:
¡Libertad a los presos políticos!
¡Libertad a Eloxochitlán de Flores Magón!
¡Libertad a Palestina, el Congo y todos los pueblos del mundo!
Porque la esperanza se construye y la vida se defiende, y en esta labor titánica, las redes colectivas son urgentes.
