Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 25 de septiembre, a unas cuantas horas de que se cumpla el décimo año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Comité Territorial Cerro del Judío de La Magdalena Contreras leyó un posicionamiento para exigir justicia en el caso. El lugar para dar lectura a esta demanda fueron las afueras del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes nombrado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, cuyas sigas, CISEN, ocupan un capítulo completo en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estuvo brindando asistencia técnica a la investigación hasta el 2023.
“El conocimiento de los hechos y la intervención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha sido parte de las cuestiones que han permanecido más al margen de la investigación, en parte por el propio carácter de los servicios de inteligencia, pero también por el ocultamiento intencional de informaciones muy relevantes para la investigación y por el papel desempeñado por algunos de sus oficiales en los interrogatorios bajo tortura de varios detenidos”, apunta el GIEI al respecto.
De acuerdo con el Grupo (constituido por un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), antes del 26 de septiembre de 2014, el CISEN monitoreó constantemente las actividades de los estudiantes: tenía información sobre los puntos de boteo y acciones como las tomas de autobuses. Y la noche de los hechos, al menos uno de sus agentes estuvo en las calles de Iguala y en el Palacio de Justicia reportando lo que sucedía; además, el Centro de Investigación también tenía conocimiento sobre la organización de las Normales en Chilpancingo la noche del mismo 26 de septiembre cuando las noticias sobre las agresiones a sus compañeros y el asesinato de uno de ellos comenzaron a difundirse.
Pero más grave que lo anterior es el hecho de que el CISEN, junto con la Marina y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), participó en la tortura de varias personas detenidas y acusadas de participar en la desaparición de los 43 jóvenes. Así, estos tres organismos de gobierno obtuvieron confesiones autoinculpatorias que, de acuerdo con el GIEI, distorsiona la investigación alrededor de los hechos.
A 10 años de la desaparición de los 43, impunidad del CISEN persiste
En la Ley de Seguridad Nacional aún no se refleja la transición del CISEN al CNI: el capítulo II de dicha ley se titula, de hecho, Centro de Investigación y Seguridad Nacional; esto, aun cuando la última reforma de la ley data de 2021, tres años después de la creación del Centro Nacional de Inteligencia.
Dicho capítulo enumera las funciones del supuestamente extinto CISEN, todas ellas relacionadas con operaciones de inteligencia, procesamiento de información, presentación de análisis y estudios y propuestas de acción o planes para el resguardo de la seguridad nacional. En ninguno de los artículos y fracciones se habla sobre la intervención de sus agentes en detenciones o interrogatorios de responsables de la comisión de delitos.
El VI informe del GIEI apunta al respecto:
“Durante años se había ocultado la participación de agentes del CISEN en dichas actividades como detenciones o interrogatorios”.
Así, pese a que la intervención de la agencia de investigación en el caso Ayotzinapa está completamente fuera de la legalidad, a 10 años de los hechos no hay ninguna persona detenida; esto, aunque desde hace cerca de dos años ya existe una orden de captura contra al menos un agente del CISEN por estos hechos.
Mientras tanto, el ahora CNI alega que los videos de las torturas no pueden ser utilizados por motivos de seguridad nacional. Además, testigos protegidos del GNI han declarado que se ha intentado evitar a toda costa audiencias de imputación, y de acuerdo con el GIEI, la Fiscalía General de la República (FGR) ha respaldado esta decisión y también ha puesto obstáculos para la realización de dichas audiencias.
Todo lo anterior evidencia la complejidad del caso y las capas de impunidad que parecen cerrar la puerta a una justicia que, de por sí, tiene ya diez años de retraso. El Comité Territorial Cerro del Judío de La Magdalena Contreras lo sabe, y pese a ser un ala del partido que seguirá en el poder durante los próximos seis años, reconoce que Andrés Manuel López Obrador cedió a las presiones del Ejército y con ello obstaculizó los avances en la resolución del caso.
Muchos de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas aún no tienen rostro, y sus nombres permanecen ocultos en documentos a los que ni el GIEI ni las familias han podido acceder. Por eso, a diez dolorosos años de los hechos, el grito de justicia no puede cesar.
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡AYOTZINAPA VIVE, LA LUCHA SIGUE!