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Texto por Miriam Pascual. Jiménez miriam.ddhh@gmail.com – es zapoteca, abogada, comunicadora, integrante del Tejido Orgánico de Feminismo Comunitario de Abya Yala, Oaxaca, México.
En México, y en el mundo, las tragedias se repiten con nombres distintos: incendios forestales, inundaciones, deslaves, huracanes, pandemias. Cada año, los desastres naturales nos recuerdan que no solo está en riesgo la vida humana, sino también la de miles de otras especies naturales que habitan este mismo territorio.
La reducción presupuestaria y el cambio estructural del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) no son simples ajustes administrativos: constituyen una regresión institucional con consecuencias directas sobre la capacidad del Estado mexicano para proteger la vida humana, la biodiversidad y los derechos colectivos frente a los desastres naturales. En un país donde los incendios forestales, las inundaciones, los huracanes y los deslaves son fenómenos recurrentes, la eliminación del FONDEN representa una ruptura grave en la continuidad de la política pública de prevención, mitigación y reconstrucción.
Históricamente, el FONDEN fue concebido como un instrumento de solidaridad nacional y un mecanismo de respuesta inmediata. Su diseño permitía acumular recursos no ejercidos de ejercicios anteriores, creando una reserva financiera permanente para emergencias. Sin embargo, a partir de 2020, el gobierno federal impulsó una reforma estructural para eliminar los fideicomisos públicos bajo el argumento de “austeridad” y “eficiencia administrativa”. Esta decisión, concretada en julio de 2021 mediante su extinción formal publicada en el Diario Oficial de la Federación, marcó el fin del único fondo con capacidad acumulativa para la atención inmediata de desastres.
Desde entonces, el nuevo esquema presupuestal transfirió la gestión de emergencias a una partida discrecional dentro del presupuesto anual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En la práctica, esto implica que los recursos no se guardan ni se acumulan: se asignan cada año y deben gastarse en el mismo ejercicio fiscal. Este cambio anula la posibilidad de contar con reservas suficientes para responder a catástrofes simultáneas o recurrentes, como las que México ha vivido en 2025 con las inundaciones en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, o los incendios forestales que devastaron miles de hectáreas en 2024.
Las consecuencias son evidentes: los desastres naturales ya no se enfrentan con la rapidez ni la eficacia que antes. En el caso de los incendios forestales en Oaxaca en 2024, las comunidades esperaron semanas sin apoyo estatal. En 2025, durante las inundaciones y deslaves en Guerrero y Oaxaca, la ayuda llegó tarde o nunca. Los animales quedaron atrapados, los ríos contaminados, las cosechas destruidas, y las familias desplazadas. La ausencia de fondos de emergencia acumulados ha hecho que la respuesta institucional se limite a actos simbólicos y promesas mediáticas, sin una reconstrucción real de los territorios afectados.
La legislación mexicana sobre atención a desastres naturales es confusa, inaccesible y alejada de las realidades comunitarias. Existen múltiples instrumentos —la Ley General de Protección Civil, los Lineamientos de Desastres (DOF, 2021), el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (DOF, 2019), entre otros—, los procedimientos son excesivamente burocráticos y centralizados, lo que impide que las comunidades puedan solicitar auxilio directo.
De acuerdo con los registros de México Evalúa y la Secretaría de Hacienda, en 2018 el FONDEN contaba con más de 33 mil millones de pesos acumulados. Para 2021, tras su eliminación, el gasto real en atención a desastres fue de 16.6 mil millones de pesos, y en 2022 cayó drásticamente a 8.2 mil millones. En 2023 se aprobaron 17.3 mil millones, y en 2025, ya bajo el nuevo modelo, se anunció una partida de 19 mil millones de pesos, sin mecanismos de transparencia ni acumulación. Este patrón demuestra que, aunque los montos nominales puedan parecer similares, la capacidad de respuesta del sistema se ha debilitado profundamente. El Estado mexicano pasó de contar con un fondo permanente a depender de un presupuesto anual incierto y opaco.
La transformación del FONDEN vulnera de manera directa los compromisos internacionales adquiridos por México bajo el Acuerdo de Escazú, ratificado en 2021: no existe información pública desglosada sobre el uso de los recursos destinados a emergencias; la sociedad civil y las comunidades no son consultadas sobre las estrategias de prevención ni sobre la distribución del presupuesto; y la falta de transparencia expone a los defensores ambientales a un contexto de mayor riesgo e impunidad.
En este escenario, el Estado mexicano se encuentra menos preparado que nunca. Pero más allá de la ineficacia institucional, hay algo más fuerte, más antiguo, que sigue sosteniendo la vida: la organización comunitaria.
Vivimos en un país profundamente herido. Más de 130 mil personas desaparecidas, familias enteras que no han tenido justicia, comunidades que viven con miedo, con violencia cotidiana, con un tejido social fracturado. Esa violencia no nació sola: es producto de comunidades lastimadas, despojadas, empobrecidas, deshumanizadas por un modelo que privilegia el poder económico y electoral sobre la vida misma. Y sin embargo, en medio de tanta devastación, seguimos aquí.
En México, ha sido las comunidades —no las instituciones— quien ha levantado una y otra vez la esperanza entre los escombros. Cuando se secaronlas Cascadas de Agua Azul, estas fueron recuperadas por las personas comuneras, no por las dependencias; así como los pueblos de la Sierra Juárez de Oaxaca nos mantuvimos libres de contagios durante la pandemia, gracias a su control territorial y organización comunitaria; así como durante el terremoto de 1985, y de 2017 desde la solidaridad, las personas cocinamos, juntamos víveres, y levantamos escombros; así como las mujeres de Cherán, Michoacán, organizaron a su pueblo para enfrentar al crimen organizado y recuperar sus bosques —la historia demuestra que la comunidad es la única garantía real de vida y reconstrucción.
Porque las comunidades protegen la vida. ¡Hasta la comunidad, siempre!
