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Cobertura por David Peralta
Huautla de Jiménez, Oaxaca; 18 de agosto de 2025.
En México se presume vivir bajo un Estado de Derecho donde todas las personas son iguales ante la ley. Sin embargo, para las comunidades indígenas, esa igualdad es una promesa vacía. Lo que han vivido lxs compañerxs de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón desde 2014 es la prueba de que la justicia en este país se vende, se manipula y se niega a quienes no detentan poder político ni económico.
Este lunes estaba programada la audiencia de declaración preparatoria para los compañeros Antonio, Adán y Gaspar ante el Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez. Esta audiencia forma parte de un proceso legal en curso, iniciado tras los hechos por los cuales la maestra Olga Maribel fue ya absuelta el pasado 11 de julio, luego de 10 años de criminalización. Sin embargo, la diligencia fue suspendida, pues los abogados de la Defensoría Pública Federal no pudieron presentarse debido a cambios derivados de la reforma judicial.
Ante esta nueva postergación, la comunidad tomó una decisión firme: no avanzar sin la presencia de los defensores federales que ya conocen el caso. Esta mañana se certificó en la Secretaría del Juzgado la solicitud de nueva fecha para que los compañeros puedan finalmente rendir su declaración. Aún no se ha determinado cuándo se reanudará el proceso, pero la comunidad reafirma: “La lucha por la libertad no se detiene”, así lo manifestó la abogada Argelia Betanzos, integrante de la colectiva Mazatecas por la Libertad.
Gaspar, Marcelino, Ranulfo, Francisco Durán, Lucio Rosales y Jorge Betanzos —acusados de robo e incendio en el expediente 16/2016— siguen siendo perseguidos y criminalizados. A pesar de que los propios tribunales han reconocido que los delitos nunca existieron. El caso de Francisco Durán es emblemático: fue liberado por este mismo juzgado, que concluyó que no había delito que perseguir.
Pese a ello, a Francisco le fue negada su libertad nuevamente. El cacique Manuel Zepeda pago a la Décima Tercera Sala Penal para revertir su libertad. El magistrado Javier García, implicado directamente, reactivó el proceso en un acto de corrupción flagrante.
Afortunadamente, el Juzgado Sexto de Boca del Río, Veracruz, bajo la dirección del juez Vicente Salazar, el día de hoy notifico la resolución en el expediente 989/2024 que sienta un precedente en el Séptimo Circuito: el delito está prescrito y no existe daño alguno que justifique la persecución de Francisco.
No obstante, la represión continúa. Más de 200 órdenes de aprehensión siguen vigentes contra miembros de la comunidad, y 56 personas permanecen criminalizadas, muchas de ellas en desplazamiento forzado. La comunidad exige la concesión del amparo 432/2025, que podría representar una oportunidad real para cerrar este capítulo de persecución judicial contra toda una comunidad que lucha por el respeto a sus derechos y por la libre determinación.
Desde Huautla de Jiménez, se denuncia públicamente a jueces y magistrados responsables de esta cadena de injusticias: Javier García, de la Décima Tercera Sala Penal; la Segunda Sala Penal, que resucitó las órdenes de aprehensión; y el juez Constantino Santiago Agustín, por su complicidad en prolongar esta persecución política y judicial.
A si mismo, se hace una invitación para el 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz al “FESTIVAL ‘ÉNNÁ” Nuestra Palabra + Cumbia. Frente a los Juzgados federales. Para Exigir el Amparo y el fin a la criminalización de más de una década.
