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Cobertura por David Peralta
México 22/Mayo/2025
La colectiva Mazatecas por la Libertad y Familiares de expresos políticos, perseguidas y perseguidos políticos instalaron un plantón indefinido el día martes 20 de mayo en en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río ante la amenaza de detenciones con nuevas órdenes de aprehensión contra más de 56 personas defensoras del territorio.
Se trata de delitos de los cuales el mismo Juzgado Mixto Huautla de Jiménez negó la responsabilidad de las personas acusadas en el expediente 16/2016, no solo por tratarse de un caso de fabrica de culpables, sino por rayar en lo burdo, al acusarse a 8 mujeres defensoras comunitarias y más de 40 hombres, que además estaban acusadas, hacía dos años atrás, de otros delitos que supuestamente se cometieron al mismo tiempo que estos de la carpeta 16/2016; el juez determinó que no existen pruebas y, por lo tanto, no se liberaron órdenes de aprehensión, sino solo para seis personas, a fin de cumplir la cuota exigida por el cacique Manuel Zepeda.
Después de ocho años, el juez Constantino Santiago en colusión con Manuel Zepeda manipularon el expediente, diciendo que nunca se aviso a la parte acusadora sobre dicha resolución (la que negó las órdenes de captura) y enviaron el expediente a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Oaxaca quien decidió que se suelten las órdenes de aprehensión, esto pese a que hay nueve procedimientos jurídicos con los que se demostró inexistente el delito y se estableció la prescripción.
En este sentido todo apunta a una red de influencias donde Elisa Zepeda (diputada y cacique local) y su papá Manuel Zepeda que tienen todo el respaldo del gobierno de Salomón Jara han administrado este caso de injusticia en su afán de asegurar sus políticas de saqueo, despojo y control político.
Para las familias de la comunidad de Eloxochitlan de Flores Magón luchar por su autonomía y la defensa del territorio ha significado persecución, desplazamiento, encarcelamiento injusto por más de una década.
En 2014 el grupo caciquil de Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas actualmente, diputada local por el Congreso de Oaxaca, desestabilizaron la organización comunitaria como estrategia para tener el control municipal, político y económico.
La asamblea comunitaria de Eloxochitlán que intentó nombrar a una autoridad tradicional en diciembre 2014, fue atacada a balazos, una estrategia acordada desde el gobierno estatal y el cacique Manuel Zepeda, que garantizó la impunidad a los perpetradores.
Meses antes, Manuel Zepeda desplazó al presidente indígena en turno porque sus empresas extractivas no podían operar en las obras municipales, además de que la Auditoría Superior de Oaxaca le exigió al expresidente Zepeda la comprobación de un año fiscal. Esta fue la causa por la que Zepeda y los tres poderes del Estado desataron un clima hostil de represión que recayó en la creación de varios delitos que se imputaron a más de 50 familias campesinas mazatecas.
La familia caciquil de Zepeda en colusión con varios ministerios públicos fabricaron delitos que desplazaron a toda una comunidad.
De esa forma la resistencia y lucha comunitaria fue judicializada bajo delitos de acto impacto. A lo largo de una década, las familias, esposas madres e hijas de personas que fueron injustamente privadas de su libertad han evidenciado como Elisa Zepeda administra las diversas demandas contra los compañeros en diversos contextos políticos. Una práctica represiva que ella no podría instrumentar, si no fuera por la corrupción de los jueces y su alianza con el propio Estado.
Las mujeres de la comunidad a las afueras de los juzgados de Boca del Río, exigen hoy el fin a la criminalización de más de una década, y retan al poder judicial, así como al gobierno estatal y federal, ha demostrar que este es el año de la mujer indígena.
#JusticiaParaEloxochitlán
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