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Cobertura por Omar Veoz
Este jueves 10 de abril, familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda y personas solidarias, realizaron una clausura simbólica del Senado de la República, en respuesta al pronunciamiento aprobado por la Cámara de Senadores con respecto al reciente comunicado del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En dicho comunicado, emitido el pasado 4 de abril, el presidente del CED, Olivier de Frouville, anunció la decisión colegiada por 10 miembros expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo de activar por primera vez el mecanismo previsto en el artículo 34 de la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, en el cual se establece que: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
En respuesta a esta resolución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado el 6 de abril en el que se rechaza “que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado” y en el que se dice que “el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país, y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México”. Siguiendo esta misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró durante la conferencia mañanera del 8 de abril que: “en México no hay desaparición forzada desde el Estado.
Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculado con la delincuencia organizada. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para combatir y atender desde las víctimas […] pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado”. Además, comentó que se mandó una nota diplomática al CED para mostrar la “inconformidad” de su gobierno y que próximamente “se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México porque hay mucho desconocimiento de esta Comisión, muchísimo”.
Y finalmente, ese mismo día la Cámara de Senadores aprobó, con 71 votos a favor; 28 en contra y 3 abstenciones, presentar un recurso legal para que sea sancionado Olivier de Frouville, presidente de la CED por afirmar que en México existen desapariciones forzadas. En su posicionamiento el presidente de la mesa directiva del senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó que “no hay duda de que la declaración realizada por el citado funcionario carece de toda seriedad y legalidad, al haber pasado por encima del informe presentado, deslizándose en su reflexión final una injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria”. Además, puso en duda que el funcionario de la CED contara con indicios fundados sobre la desaparición forzada: “¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas”.
En un comunicado publicado el 9 de abril, 364 familias, 158 colectivos de familiares de personas desaparecidas, 108 organizaciones y 272 personas solidarias expresaron su rechazo al pronunciamiento aprobado por el Senado y respaldado por su Mesa Directiva, ya que consideran que “representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país”. También informaron que “durante más de catorce años, las familias, tanto de forma individual como agrupadas en colectividades y acompañadas por organizaciones de la sociedad civil” han proporcionado al Comité contra la Desaparición Forzada “información sobre la crisis de desapariciones en México, así como sobre las deficiencias y fragmentación de las medidas implementadas por las últimas cuatro administraciones federales —encabezadas por tres partidos distintos— en prevención, búsqueda de personas, identificación forense, procuración e impartición de justicia”.
Por lo cual, manifestaron su respaldo contundente a la aplicación en México del artículo 34 de la Convención, pues consideran que dicho artículo no debe leerse como una amenaza, sino como una esperanza, “al ser el último recurso que la comunidad internacional ofrece cuando un Estado no responde ante una crisis humanitaria”. Expresaron también que “negar a las familias el derecho de contar con mecanismos internacionales —como el anunciado por el CED—, y hacerlo además en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado con el horror, evidenciado por el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia”. Por todo lo cual, esperan que el “el Estado mexicano rectifique su postura y compromiso, reconociendo en el CED, en la ONU y en los mecanismos internacionales un apoyo indispensable” para afrontar la crisis sostenida y en aumento de desapariciones que atraviesa el país. “Lo que necesitamos –manifestaron en su comunicado– no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia”.
Durante la acción simbólica frente al Senado de la República el defensor de derechos humanos y buscador, Jorge Verástegui González comentó: “Con esta acción queremos decirle al Senado de la República que las víctimas y las familias hemos estado solicitando la intervención de la ONU ante la impunidad que existe en el país, ante este pacto de impunidad que ningún partido político ha querido romper. Y no es que no puedan hacerlo, es que no quieren hacerlo; así como no quieren buscar a nuestros familiares. Porque este no es un problema de leyes ni de instituciones, es un problema de voluntad política […] Y por lo tanto las familias volvemos a salir a denunciar la simulación del estado, salimos a respaldar al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Y le traemos al Senado de la República la realidad que no quieren ver. Le traemos a nuestros desaparecidos y desaparecidas y le reiteramos que no conocen el país y no conocen la problemática. Tanto que se atreven a decir que no hay desapariciones forzadas”.
Por su parte, Jaqueline Palmeros del colectivo Una luz en el camino expresó: “Yo lo único que les quiere decir es que estamos cansadas las familias, como lo dice mi compañero, de tanta simulación. Durante cuántas administraciones pasadas hemos venido escuchando la misma diligencia: ‘vamos a escuchar para reformar, para realizar nuevas acciones de búsqueda efectiva’.
Y siempre se queda todo suspendido. Se hereda la impunidad, se hereda la corrupción de administración en administración. […] Es algo desgastante para las familias. Les hemos repetido una y otra vez, la violencia extrema que estamos viviendo por todas las instituciones, desde la presidencia, el senado la CNDH. Estamos cansados y cansadas. Parece que somos unas enemigas para el gobierno solamente por buscar lo que más amamos. Por hacer el trabajo que a ellas y a ellos les corresponde. […] Noroña, que se la pasa revictimizando a las familias. No estamos enojados, estamos encabronadas y lo que le sigue. Porque este señor tiene que salir a dar una disculpa pública a las más de 120 mil familias buscadoras”.
